Durante la conclusión de los trabajos legislativos de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, senadores y diputados de oposición exigieron este miércoles, como se hizo hace casi ocho años, el esclarecimiento de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayozinapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero.
Los legisladores del PRI, MC y Grupo Independiente se enfrascaron con Morena en una discusión de si se trató el caso de un “Crimen de Estado” o no, como lo dio a conocer la semana pasada el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
La senadora priista, Claudia Ruiz Massieu, a nombre de su grupo parlamentario rechazó tajantemente la narrativa de “crimen de Estado”, cuando se trató de un grupo de jóvenes que fue privado de su libertad y, eventualmente, privado de su vida por grupos de delincuencia organizada: “No es un “crimen de Estado”, es la construcción falas de una imputación; de inducción al imaginario colectivo”.
Los senadores Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Independiente y Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, se sumaron a Ruiz Massieu, quienes reconocieron que en el curso de las investigaciones hubo irregularidades que puedan ser investigadas y, eventualmente, sancionadas.
Ruiz Massieu hizo un enérgico llamado a observar escrupulosamente el debido proceso libre de consignas y a respetar la presunción de inocencia de cualquier persona imputada, además de que respaldó al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam (actualmente preso), “quien junto con otros funcionarios de la administración pasada trabajó arduamente para esclarecer los hechos del caso Ayotzinapa.
Grupos parlamentarios
Todos los grupos parlamentarios celebraron que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México haya ordenado, el pasado viernes, la captura de 83 personas presuntamente involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.
Las órdenes se giraron contra “20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos”.
Análisis político
Durante el análisis político, los legisladores se solidarizaron con los familiares de los estudiantes desaparecidos, “dolor que nos compromete y nos mueve a seguir exigiendo la presentación de quiénes les privaron de la vida”, puntualizó la senadora Mónica Fernández Balboa.
Manifestó que a unos días de un aniversario más de una de las mayores tragedias sociales que ha vivido el país en su historia contemporánea, sólo se compara con aquellos momentos oscuros y lamentables como la matanza de Tlatelolco, la represión del “Jueves de Corpus” o la persecución política de la que fueron víctima miles de mexicanos por el simple hecho de pensar diferente durante la llamada “guerra sucia”.
Destacó que, sin embargo, “nos topamos con la insensibilidad, la ineptitud, la corrupción y la mentira de un régimen que sólo se regodeaba en las banalidades de la soberbia y el autoelogio”, señor lo que, dijo, “no podemos permitir que esto se repita”.
Rubén Arizmendi
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